El Gobierno rechaza el último chantaje de Puigdemont

MARISA CRUZ Madrid DANIEL G. SASTRE Barcelona / 27 oct. 2017

Puigdemont pide que el Gobierno no le destituya al aplicar el artículo 155 y que sólo le dé ordenes

El Gobierno rechaza el último chantaje de Puigdemont
Carles Puigdemont tras anunciar que no convocaría elecciones, ayer, en el Palau JAVI MARTÍNEZ

El Gobierno se mantiene firme y sigue adelante con la aplicación del artículo 155 con todas las medidas que ha propuesto al Senado. Rajoy no está dispuesto a dar ni un paso atrás y ayer no aceptó el último intento de chantaje de Puigdemont. De nada sirvieron los mensajes recibidos en Moncloa de mediadores de buena voluntad que pretendían encontrar una última vía que pusiera freno a la puesta en marcha del artículo. Tampoco tuvieron éxito quienes plantearon la convocatoria de elecciones como gesto suficiente para que el Ejecutivo reconsiderara su posición.Las espadas siguen, pues, en alto y la previsión es que hoy el Parlament proceda a aprobar algún tipo de declaración de independencia de Cataluña.

Rajoy considera que los motivos que le han inducido a activar el artículo 155 de la Constitución están meridianamente expuestos en la propuesta que remitió el pasado sábado a la Cámara Alta: la Generalitat ha vulnerado la Constitución y el Estatuto y lo ha hecho de forma “contumaz, reiterada y deliberada”, desoyendo todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y los requerimientos del Gobierno.

En consecuencia, sólo habría un camino para evitar la intervención y pasa por “el retorno a la legalidad”: renegar nítidamente del proceso independentista; asumir la nulidad de todos los pasos dados en el mismo, principalmente las leyes del Referéndum y de Transitoriedad aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, y además, convocar elecciones autonómicas para dotar a las instituciones catalanas de una nueva legitimidad libre de deudas pendientes con los tribunales.

El Gobierno no se ha movido ni un sólo milímetro de estos planteamientos, pese a asistir “estupefacto” a las idas y venidas, a los anuncios cambiantes, a las convocatorias suspendidas, en definitiva, a la montaña rusa que ayer se vivió en el Palau de la Generalitat para intentar buscar una salida de emergencia al laberinto en el que Puigdemont ha metido a Cataluña y que probablemente desemboque hoy por el peor de los caminos con la aprobación por parte de la mayoría secesionista del Parlament de una declaración de independencia.

Aunque el listón estaba muy alto, el president protagonizó ayer probablemente la jornada más estrafalaria de su mandato. Primero, tomó la decisión de convocar elecciones y amagó con hacerlo dos veces; luego, sin embargo, la cambió para mantener al menos un día más el pulso con el Gobierno. Al final, acabó dejando en manos del Parlament la decisión de declarar la independencia porque no tenía el convencimiento de que una convocatoria electoral sirviera para detener la aplicación del artículo 155.

Tras anular dos veces una declaración institucional en la que iba a anunciar las elecciones, Puigdemont compareció finalmente a las 17.00 horas en el Palau para explicar que el Gobierno central no le daba ninguna de las garantías que había pedido para que los comicios se celebraran «con normalidad» y constatar también la profunda brecha que las elecciones habrían provocado en sus propias filas.

Esta afirmación era acertada. El 155 no se ha puesto en marcha por la negativa del presidente de la Generalitat a convocar elecciones, sino por el hecho de que el Govern se haya situado claramente al margen de la legalidad constitucional y estatutaria desde hace mucho tiempo. Es por eso que el Ejecutivo nunca se ha mostrado dispuesto a suspender las medidas propuestas si el gesto de Puigdemont se limitaba a llamar a las urnas. Esta es la filosofía que se esgrime desde La Moncloa.

Todo lo demás se interpreta como un nuevo intento de chantaje de Puigdemont. Una sensación que ayer quedó reforzada cuando el president jugó de nuevo al gato y al ratón hasta el último momento, a la espera de que Rajoy diera el paso de aceptar suspender el artículo 155; se aviniera a reclamar la liberación de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva acusados del delito de sedición; que no se persiguiese judicialmente a los artífices del referéndum del 1 de octubre, y que se procediera a la retirada de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña, para a continuación él anunciar la convocatoria electoral.

Era un propósito condenado al fracaso desde el primer minuto, pese a los intentos de mediación del presidente vasco, Íñigo Urkullu, y del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y pese también a que desde el PSOE, con declaraciones confusas que daban una bienvenida alborozada a la posibilidad de que Puigdemont llamara a las urnas, se le llegara a dar alas.

Rajoy mantuvo a lo largo de la mañana varios contactos con Pedro Sánchez y Albert Rivera en los que analizó los caóticos mensajes que llegaban desde Barcelona. Ambos le reiteraron su respaldo. En el Senado, mientras tanto, se debatía el dictamen que hoy votará el Pleno autorizando al Gobierno a intervenir la comunidad autónoma.

Los socialistas presentaron tres enmiendas. Una de ellas, la más destacada, planteaba aprobar las medidas incluidas en el 155 para, a continuación, dejarlas en suspenso o dormidas si Puigdemont efectivamente convocaba comicios autonómicos. Los populares la rechazaron. El Gobierno sólo está dispuesto a aceptar la ejecución proporcional de las mismas dejando abierta la posibilidad de modular, suavizar e incluso paralizarlas si las circunstancias así lo aconsejaran. De hecho, esta aplicación gradual y moderada siempre ha estado en los planes del Ejecutivo y así lo recogía incluso la exposición de motivos que remitió al Senado para sustentar su propuesta de intervenir la autonomía.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, exhibió ante la comisión conjunta del Senado que debatía sobre el 155 la firmeza del Gobierno. Con su intervención no dejó ningún margen para la duda. La número dos del Ejecutivo habló de la necesidad de «rescatar» a Cataluña y devolverla al marco de la legalidad. Insistió en que la «obligación» es «respetar y hacer respetar la ley» y, a continuación, «abrir una nueva etapa» bajo el paraguas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

En su exposición recordó cómo los días 6 y 7 de septiembre los secesionistas decidieron «hacer saltar por los aires» el Estatut y silenciaron la voz de todo aquel que no comulgara con sus propósitos y, en definitiva, se lanzaron a «echar por tierra la mejor Cataluña de la historia».

«Ante este panorama», añadió, «el Estado tiene instrumentos para actuar». Y los pondrá en marcha, tal y como hoy mismo expondrá el propio Mariano Rajoy ante el Pleno del Senado, porque nada en la actitud de Puigdemont y su Govern hace suponer una disposición a la marcha atrás. «Sólo», sentenció Santamaría, «ha habido ruido».

Fuente: http://www.elmundo.es